Empresa alambra una ruta y un puente

Un diputado provincial denunció que una ruta y un puente recientemente inaugurado por el Gobierno de La Pampa fue apropiado y cercado con alambre por una empresa que reclama la titularidad de las tierras que ocupan desde hace años descendientes indígenas.
El grave hecho se produjo en la ruta provincial 19, que comunica a un puente sobre el río Salado, en proximidades de la localidad de Limay Mahuida, en el extremo oeste pampeano. Juan Carlos Scovenna (ARI) efectuó una denuncia policial en la comisaría de la localidad vecina de La Reforma, donde dejó constancia que un cerco de alambre impide la comunicación hacia el puente. "Un alambre y una tranquera atada con cadenas y un candado no permiten a los pobladores llegar al puente, que fue proyectado para unir Limay Mahuida con la ruta provincial 20, atravesando el río", dijo Scovenna a la prensa. Según los pobladores de la zona, el atropello se produjo sólo 24 horas después de que el gobernador Carlos Verna (PJ) inaugurara el puente, en diciembre del año pasado, pero el caso recién se hizo público ahora. El legislador, a su vez, denunció públicamente que en la zona hay cientos de puesteros, la mayoría descendientes de indígenas, que están en riesgo de perder sus tierras. Scovenna descubrió que habían cercado el puente cuando fue al oeste a impedir el desalojo de una familia, a quien, según dijo, la quieren despojar de sus tierras "los hermanos Antonio y Santiago De Franco", originarios del partido bonaerense de La Matanza. Estos empresarios, según los pobladores, ya serían dueños de 200 mil hectáreas en la zona y responsables del desalojo de 20 familias. La zona, no apta para la agricultura y durante años dedicada a la cría de ganado caprino, se revalorizó con el corrimiento de la frontera agrícola y el descubrimiento de áreas hidrocarburíferas. Scovenna es el autor de un proyecto de ley llamado Programa de Ordenamiento Territorial del Oeste Pampeano, que propugna la suspensión de los juicios por desalojos en el oeste pampeano, la realización de un relevamiento en toda esa región y el otorgamiento de las escrituras a quienes puedan demostrar que hace más de veinte años ocupan las tierras. En tanto, el gobierno pampeano ya encargó un relevamiento en toda la zona, pero se niega a aprobar el proyecto de ley porque argumenta que cada caso debe resolverse en forma individual. "El tema de los alambrados es una cuestión grave, porque en el oeste eso sirve para complicar la situación de la gente. Ocurre que aquel que tiene plata compra un campo, lo alambra y luego exige el pago a sabiendas que les resulta imposible a los pobladores, y eso no es más que otra forma de apropiación", dijo a la prensa Scovenna. "Los paisanos no pueden ir solos a un juicio porque dado que ante el menor error pierden ellos", sostuvo. Según el diputado, son más de 500 las familias del oeste pampeano que ocupan sus tierras desde hace década pero que, como carecen de las escrituras de sus lotes, están en riesgo de ser desalojados por empresarios. La mayoría son descendientes de los indios ranqueles que, luego de la llamada Conquista del Desierto, fueron obligados a ocupar las tierras más improductivas de la provincia.