Solicitan a la justicia que obligue al gobierno nacional a garantizar la seguridad de los subterráneos y su traspado a la Ciudad
CAPITAL FEDERAL
El legislador porteño Facundo Di Filippo (ARI) presentó hoy una acción de amparo para que la Justicia obligue al Gobierno Nacional a cumplir las normativas que garanticen la seguridad de los pasajeros y trabajadores de las líneas de subterráneos como la transferencia de la fiscalización y control de ese medio de transporte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."Por la entidad de las anomalías denunciadas podrá apreciar que estamos ante la presencia de una posible tragedia con insospechadas consecuencias", se destaca en la presentación judicial de 22 carillas.Esta acción de amparo -radicada en el Juzgado Nº 3 del fuero Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la doctora Claudia Rodríguez Vidal- tiene como antecedente la denuncia penal sobre las graves irregularidades de mantenimiento de los subterráneos que el diputado presentó el pasado 5 de febrero y que se tramita ante el juzgado federal a cargo del doctor Daniel Rafecas.Di Filippo, uno de los referentes de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, solicitó que "se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que ejecute la normativa de seguridad y mantenimiento del material rodante que se desprende del contrato de concesión" de las cinco líneas de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.También que el PEN "lleve adelante todas las acciones positivas necesarias para garantizar que la prestación del servicio de subterráneos se brinde sin riesgo para la vida e integridad física de los usuarios y trabajadores", ya que "por la entidad de las anomalías denunciadas podrá apreciar que estamos ante la presencia de una posible tragedia con insospechadas consecuencias".En su demanda, que involucra al PEN y al Gobierno de la ciudad y como tercero obligado a la empresa concesionaria Metrovías S.A., Di Filippo advierte que "se ponen en riesgo la vida de los usuarios y trabajadores" del servicio de subterráneos por "las graves irregularidades en el mantenimiento del material rodante" y la "ausencia del debido control y fiscalización" por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo intervenido por la Secretaría de Transportes.En el segundo punto de su presentación judicial, el legislador porteño solicita que la Justicia "obligue al Gobierno Nacional y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar la transferencia a éste último de la fiscalización y control del contrato de concesión del servicio de subterráneos".Al respecto, menciona como antecedente el artículo 4 del decreto 393/99 del PEN que instruyó al Ministerio de Economía de la Nación para que "dentro del plazo de 90 días realice todos los actos necesarios" para la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la fiscalización y control de las cinco líneas de subterráneos.
Acción de amparo por subtes
Di Filippo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña, adjuntó a la acción de amparo un informe de peritos -de 200 páginas- sobre la falta del adecuado mantenimiento en las cinco líneas de subterráneos.Se trata del mismo informe que lo llevó a denunciar penalmente el 5 de febrero al secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, y a Pedro Ochoa Romero, interventor de la CNRT, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a los miembros del directorio de Metrovías S.A., por la posible comisión de delitos contra la seguridad en el transporte. En aquella denuncia penal mencionó como principales fallas lo siguiente:
* se dejaron de realizar las revisiones generales e integrales que surgen del contrato de concesión;
* 303 coches excedidos en kilometraje;
* una gran cantidad de formaciones con ruedas con ´planeaduras´ (por bloqueo de ruedas por frenadas excesivas);
* deformaciones en las vías (en la línea D en el tramo comprendido entre las estaciones Pueyrredón y Catedral);
* vagones con vidrios que no son de seguridad, además de presentar deterioros en acopladores, boguies, deformaciones en las carrocerías, ejes averiados y oxido en el sistema neumático de frenos;
* puntas de eje que no fueron reemplazadas por nuevas sino recicladas;
* durmientes rotos y con deformaciones;
* se detectó la presencia de amianto en las placas de guía de las carrocerías, sustancia prohibida por su toxicidad;
* vagones que rozan los andenes;
* fisuras en algunas de las zapatas de freno y excesivo desgaste en algunos discos de freno; y tramos del tercer riel (electrificado) sin la correspondiente protección de madera.
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home