Discurso de Macaluse en la sesión del 23-11-06 cierre del debate en general del presupuesto 2007

- En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre de 2006, a la hora 17 y 3:

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Con la presencia de 194 señores diputados, queda abierta la sesión.
Corresponde dar cuenta de los asuntos incluidos en el Boletín de Asuntos Entrados N° 37, que obra en poder de los señores diputados.

(…)

presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2007

Sr. Presidente (Balestrini).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2007 (expediente 9‑JGM‑2006) y en el proyecto modificatorio del presupuesto 2007 (expediente 69‑P.E.‑2006).

aquí dictamenes de la comision de presupuesto y hacienda (9‑JGM‑2006 y 69‑PE‑2006)

Sr. Presidente (Balestrini).- En consideración en general.

(…)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Macaluse.- Ahí cabe la comparación de por qué Kirchner no gobierna como Perón. En los años en los que gobernó Perón el superávit estaba destinado a una fuerte distribución del ingreso, privilegiando a los sectores más postergados, los que en muy poco tiempo elevaron su calidad de vida. En aquella época la acusación a los gobiernos de Perón era: reparte porque tiene el Banco Central lleno de lingotes de oro. Hoy el Banco Central tiene reservas por 30 mil millones de dólares, que equivalen a aquellos lingotes de oro, pero no se los utiliza para una distribución del ingreso que permita que el hijo del desocupado coma, para que el pibe no tenga que ir a revolver la basura ni tenga que ir a cartonear y pueda ir a la escuela, para que el obrero pueda ir a comer a un restaurante o vaya al cine o al teatro, como acontecía en aquella época.
Esos fondos se los utiliza para garantizar un tipo de cambio elevadísimo, que genera un modelo coreano en nuestro país, donde hay éxito en los números macro y existen carencias enormes en la calidad de vida, sobre todo en los sectores más bajos y postergados.
Eso es lo que nosotros criticamos de este presupuesto. No sólo criticamos el autoritarismo de los superpoderes. No nos quedamos solamente en la crítica de la falta de división de poderes republicana ni en las violaciones a la Constitución Nacional. También planteamos que no existe un modelo de distribución justa del ingreso, como se supone debiera ocurrir con un gobierno que se dice peronista o con una conducción que en los debates nos remite al modelo argentino de Perón.
Eso es lo que criticamos: tenemos un gobierno conservador. Se trata de un gobierno que tiene alineados los astros en términos económicos a nivel internacional, cuestión que no aprovecha para que los “cabecitas negra”, los pobres y los trabajadores mejoren un poquito su calidad de vida. No estoy hablando de lo que históricamente han ganado. Ni siquiera se pide eso. Simplemente se solicita que mejoren la calidad de vida en relación con lo que vivieron en la terrible época menemista.
En otras exposiciones hemos demostrado con números que con las comparaciones que el gobierno hace ahora con 2001 sale ganancioso, pero si esa misma comparación la efectúa con el apogeo del menemismo, los números no le dan. Eso es lo que estamos diciendo, porque este presupuesto es injusto y no está destinado a los más pobres.
Aquel autoritarismo que le era atribuido a Perón y al peronismo tenía una justificación histórica y un argumento para aquella época: “Necesitamos ser autoritarios, porque es imposible generar un modelo más justo de distribución del ingreso si no mostramos fuerza frente a los sectores de poder.”
En cambio, el autoritarismo de hoy es un autoritarismo vacío de sentido y de contenido, destinado a beneficiar a los sectores más concentrados de la economía, que fueron los que ganaron en los años 70, con la salida de la dictadura, en los años 80, sobre todo en los 90, y a principios de este siglo.
Ese es el cuestionamiento fundamental que formulamos nosotros sin extremar los argumentos y sin generar palabras que a lo mejor pueden resultar ríspidas. Solamente miramos los números que avalan lo que nosotros decimos. Dichos números nos demuestran que los superpoderes no son para Alberto Fernández ni para el presidente de la Nación. Quienes tienen los superpoderes en general son las grandes empresas que utilizan como gerentes y administradores a esos funcionarios. Esas empresas son las subsidiadas, las eximidas del pago de impuestos, las que se llevan la parte del león y consolidan un modelo injusto de distribución de la riqueza en nuestro país. Esto genera que haya pibes analfabetos, que haya chicos fuera de las escuelas y que también exista gente que ni siquiera puede pagar el boleto de colectivo para ir al hospital. Por eso hay personas revolviendo la basura. Esto es lo que cuestionamos.
No estamos pidiendo que no desafine el equilibrista, sino que la gente pueda comer, que haya desarrollo regional en las provincias, que sea financiado genuinamente y que la Nación no se lleve la parte del león para sujetar a los gobernadores mediante una coparticipación que es injusta y obligarlos a que después se arrodillen políticamente ante el gobierno de turno.
Vamos a dar algunos datos estadísticos. En un país donde las doscientas mayores empresas concentran el 86 por ciento de la inversión, y sólo las veinte mayores, el 42 por ciento de la inversión, es imposible sostener que una promoción de la inversión vaya a tener otros beneficiarios más que estas empresas.
Los números saltan a la vista: las modificaciones tributarias que se votaron en esta Cámara en los últimos años no han tendido a generar un modelo más justo en el sistema tributario. Simplemente han servido para promover inversiones en bienes de capital, devolución del IVA en bienes de capital, promoción para la exportación y explotación del petróleo, promoción de la tecnología del hidrógeno y de los biocombustibles, promoción a la industria del software, exención en ganancias para el servicio doméstico, beneficiando los sectores medio altos y altos, es decir todas las modificaciones que se hicieron fueron a favor de los sectores que más tienen.
Ni una sola de las modificaciones fue en beneficio de quienes han sido expropiados durante los años 90. Veamos lo que pasa en el gasto tributario: en los regímenes de promoción industrial se piensa gastar en el 2007 la suma de 5.593 millones. ¿Saben cuánto se otorga en planes Jefes y Jefas, es decir para aquellos que están en lo último de lo último en la escala social? Nada más que 1.878 millones.
Quiere decir que en beneficio de promoción industrial a las grandes empresas se utiliza cuatro veces lo que significa el plan Jefes y Jefas de hogar, con lo que podrían comer los más postergados o los más desposeídos. Ahora bien, se podría decir que esta promoción es para beneficiar el desarrollo regional y a las pequeñas y medianas empresas.
¿Saben cuánto se llevan las grandes empresas? 5.189 millones de esos 5.593 millones, y para promoción de las pymes se destinan 403 millones. Esa es la distribución que nosotros estamos criticando, en éste y en los presupuestos anteriores.
Por eso repetimos lo mismo, porque los presupuestos repiten el mismo modelo de distribución injusto. ¿Cuántos dividendos y utilidades han pagado las empresas trasnacionales en los últimos años? En 1993, equivalía al 0,84 del producto bruto interno; en 1995 era el 1,01; sin duda una barbaridad, durante el apogeo del menemismo. En 2005 eran 2 puntos de PBI.
¿Quiénes son los que se están llevando la parte del león en la Argentina? ¿Quiénes son los que se llevan los pedazos más grandes de la torta en el presupuesto y en el modelo económico impuesto? Las grandes empresas nacionales y las grandes empresas trasnacionales.
Por otra parte podemos ver que las empresas subsidiadas no son justamente las que más necesitan, es decir las pequeñas y medianas empresas, las que cayeron al borde del colapso en los años 2000 y 2001. Son las grandes empresas trasnacionales, por ejemplo, Dreyfus, Cargill, o nacionales como Aluar o Aceitera Deheza.
Quiero detenerme en el tema de Aceitera Deheza, cuyo dueño es el candidato muleto a gobernador de Córdoba por el oficialismo. Es decir, no sólo estamos subsidiando a una empresa supuestamente nacional con grandes exenciones sino que también estamos subsidiando a través de estos presupuestos a un posible candidato del oficialismo que será después el empresario exitoso con los fondos del Tesoro nacional, que será mostrado como modelo a todos los cordobeses para poder llegar al sillón que hoy ostenta De la Sota.
Eso también estamos cuestionando. No estamos repitiendo por repetir sino que estamos diciendo lo que pasa con los números en la mano. ¿Cuáles son las exenciones que hay hoy en los impuestos? Están eximidos la renta financiera, la explotación petrolera y los sectores de la exportación.
¿Están exentos de pagar impuestos los pobres? No, porque el albañil que va a comprar un paquete de comida tiene que pagar un 21 por ciento de impuesto. En cambio la empresa petrolera que invierte en bienes de capital, no va a pagar impuestos.
Entonces expliquemos a ese albañil que estamos haciendo críticas porque el equilibrista desafina. Lo que pasa es que el equilibrista está haciendo equilibrio para sostener un modelo que es injusto. Eso es lo que estamos criticando y planteando.
La administración nacional va a destinar subsidios al sector privado por un total de 11.600 millones, contando transferencias corrientes y de capital, pero también va a destinar otras transferencias a las que se las llama gasto social. Por ejemplo lo que llaman subsidio a las tarifas, que explican desde una supuesta justicia social.
Nosotros subsidiamos por 1.800 millones al transporte automotor y ferroviario en el área metropolitana, es decir que todos los habitantes del país tienen que subsidiar los transportes del gran Buenos Aires y de Capital Federal por 1.800 millones, y se argumenta que se otorga el subsidio para que la tarifa sea baja.
Entonces, si no se les va a exigir determinadas inversiones a las empresas que gerencian el transporte ‑porque las hace el Estado-, si no se les va a pedir un mejoramiento de la calidad y el cumplimiento de ningún requisito, y el Estado se va a hacer cargo de la diferencia existente entre el costo del boleto y el elevado grado de rentabilidad, eso significa que lo que se está subsidiando no es la tarifa baja para el obrero que viaja en el Ferrocarril Sarmiento, sino elevados niveles de rentabilidad a las grandes empresas que tomaron la concesión.
Entonces, para pagar 1.800 millones de pesos para que funcionen mal, mejor que el Estado tome la explotación, se rescindan los contratos ‑ya que estamos legalmente en condiciones de hacerlo‑ y que en lugar de utilizar esos 1.800 millones para subsidiar la rentabilidad de cuatro o cinco grandes empresas que generalmente son las mismas que ganan todas las licitaciones, lo destine a otro plan Jefas y Jefes de Hogar. Ese subsidio a los transportes equivale a un plan completo de ese tipo para todo un año.
Esas son las cuestiones que planteamos. No se trata sólo de acciones erróneas o equivocadas, sino de vectores que se han dispuesto conscientemente para beneficiar a determinados grupos en detrimento de otros. Ese es el cuestionamiento fundamental que hacemos.
Por eso decimos que esos beneficios consolidan un modelo que es injusto y del que será muy difícil salir. Si no salimos hoy que hay excedente y superávit, de lo cual se enorgullecen los mismos que critican al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial -que son los que fomentan ese superávit-, no veo cómo se podrá hacer en un momento en que no lo tengamos.
Lo mismo podemos decir en cuanto a la transferencia de ingresos del Estado a los sectores privados en otro tipo de gastos sociales que se imputan como beneficios a las capas más bajas de la población, cuando en realidad buena parte de la renta va a parar a manos privadas. Por ejemplo, en buena parte del sistema de salud el Estado o las obras sociales se terceriza, para que determinadas prestaciones finalicen en manos de sectores privados de elevadísimos ingresos.
Lo que ocurre con los contratos del PAMI por medicamentos es tremendo. Siguen vigentes los contratos de Alderete, aunque aumentados en volumen. Esos contratos benefician a los grandes laboratorios nacionales e internacionales. El PAMI podría haber contratado con alguno de los 46 laboratorios estatales que hay en todo el país. Sin embargo no lo hace; ni siquiera se los hace ingresar en los contratos para la provisión para sus efectores. Se contrata directamente con los laboratorios privados. Eso después se imputa como beneficio social a favor de los jubilados y de los más pobres, pero en realidad ese dinero va a parar a manos del sistema privado, que es quien se apropia de la renta en lugar del jubilado. En el sistema de salud sucede algo parecido.
Nos preguntamos adónde va a parar el excedente del que se enorgullecen -y es correcto que se enorgullezcan. ¿Va a parar a las provincias, al desarrollo regional de la economía? No, porque hay un sistema de coparticipación que es injusto, que hace pagar a las provincias lo que no corresponde, que les cobra por lo que les es propio, que las expropia de los impuestos con mayor rentabilidad porque no se coparticipan. ¿Va a parar a la distribución del ingreso? No, porque sigue existiendo un sistema tributario que es el más injusto del sur de Latinoamérica. ¿Va parar a mejorar el ingreso de los asalariados, de los trabajadores, de los más pobres? No, porque los trabajadores de ingresos fijos tenemos un haber que es el peor de la historia de la Argentina, con una participación del 22 por ciento. Ni siquiera se puede comparar con el fifty-fifty del que hablaba Perón y que aplicó Gelbard.
¿Va a parar a los jubilados? No, porque no se les reconoce la movilidad de su ingreso. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que debe reconocerse, se buscan subterfugios legales para no hacerlo. ¿Va a parar a la salud? No, porque ya hemos dicho que el sistema de salud se utiliza para realizar transferencias a los sectores privados. ¿Va a parar a la educación? No, porque no se dispone que el 6 por ciento del producto bruto interno sea destinado a ese fin. Existía una ley que señalaba que ello debía ser así, pero se eliminó. Así con el agua se llevaron al bebé del 6 por ciento del producto interno, que hoy debía ser aplicado a educación, y que con suerte se cumplirá recién en el año 2011.
Con respecto al pago de la deuda externa y la supuesta política de desendeudamiento, ahora pareciera que confrontar con los organismos financieros internacionales resulta beneficioso desde el punto de vista electoral. Sin embargo, se confronta con ellos haciendo lo que ellos dicen que hay que hacer. Cuando señalan que deben bajar la exposición en la Argentina, Brasil, Turquía y Rusia, luego resulta que esos gobiernos efectivamente bajan su exposición pagando la deuda.
Cuando este gobierno asume, se debían 152.000 millones de dólares. Ahora debemos la misma cifra, y se ha dicho que ha habido una quita en la deuda externa. Concretamente, ¿cuál es la quita? Además, en el medio no solo no se concretó esta supuesta quita, sino que se pagaron en concepto de adelanto alrededor de 9.500 millones de dólares.
Se está condenando a las generaciones futuras a pagar con lo que no va a haber, a fin de cumplir con los contratos que este gobierno está planteando. Los bonos ajustables en pesos por CER y los que reconocen el crecimiento del producto bruto interno argentino constituyen una nueva vuelta de tuerca a la exacción que los organismos financieros internacionales concretaron en su momento.
Este es el destino verdadero de los excedentes presupuestarios en nuestro país. Los beneficiarios no son los sectores que han sido destruidos desde el punto de vista productivo, o excluidos desde el punto de vista social en los últimos quince años.
Por eso no podemos aprobar este presupuesto y hemos planteado propuestas alternativas desde el punto de vista de las políticas universales, la distribución del ingreso y un sistema tributario más justo.
Queremos un país en el que, si existen beneficios económicos, no sean simplemente para que se queden en los papeles y los números, sino para que pueda gozarlo el conjunto de nuestro país, y no un grupo de doscientos empresarios. (Aplausos.)