Sobre la trata de personas

Por Alicia Gutiérrez (*)

Para quienes no las conocen, María Cristina Ojeda y Romina Gamarra son dos jóvenes mujeres que denunciaron haber sido explotadas sexualmente en prostíbulos de la provincia de Buenos Aires y La Banda (Santiago del Estero), llevadas por proxenetas residentes en nuestra provincia. Ambas viven en la ciudad de Santa Fe. Luego de denunciar el hecho ante la Justicia, estas jóvenes cambian sus declaraciones y dicen que en realidad esto era una venganza contra los "novios" (proxenetas), quienes tenían muchas mujeres por lo que ellas actuaron por celos. Evidentemente, ambas son víctimas de la pobreza y la exclusión social, como quedara expresada en las manifestaciones del orgulloso padre de Romina, quien a pesar de su semianalfabetismo, se lanzó a la aventura de rescatar a su hija de un prostíbulo santiagueño. Pero se encontraron con una maquinaria mucho más fuerte que sus posibilidades, que es la trata de mujeres, niñas y adolescentes, que es una de las formas más aberrantes de esclavitud y explotación. Un grupo de diputadas y diputados, algunos de nosotros integrantes de la comisión de Derechos y Garantías, a instancias de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, Cladem y Casa de la Mujer de Rosario, realizamos una serie de pasos tendientes a conocer por un lado la actuación de la Justicia y por el otro la del Ejecutivo provincial. En el caso de Romina y María Cristina las autoridades provinciales han tenido una escasa o nula participación en brindarle a ambas la protección integral necesaria para evitar que tuvieran que desmentir lo que habían denunciado y que seguramente hicieron por el resguardo de sus vidas y grupos familiares. Cada día que pasa, aumenta nuestra preocupación por el futuro de ambas jóvenes y también nuestro temor por la probable desactivación de las investigaciones que podrían conducir, quizás, a develar alguna intrincada red de proxenetismo y también probablemente alguna vinculación con las fuerzas policiales. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, la trata de mujeres afecta a cuatro millones de mujeres y niños en todo el mundo. Las víctimas se venden y se compran. Por otro lado, el Departamento de Estado de los EE.UU. determinó que durante el año 2005 hubo en todo el mundo entre 600 mil y 800 mil casos de personas víctimas del delito de trata de personas. En la Argentina, según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, en el "negocio" participan directa o indirectamente 500.000 personas. Un caso paradigmático es sin duda el de Marita Verón, joven de 23 años, desaparecida en Tucumán, presuntamente víctima de una red de proxenetas y con paradero desconocido hasta la actualidad. Podríamos mencionar muchos más: María Fernanda Aguirre en Paraná, de 13 años; el caso de la joven que logró escapar del prostíbulo de Inriville, Córdoba, donde estaba esposada en un pozo... Sin duda alguna los compromisos asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional en lo referido a la prevención y lucha contra todas las formas de "trata de personas" no han sido cumplidos debidamente. Deseamos que no terminen siendo las víctimas las investigadas, pues se dilapidaría una posibilidad importante si hubiese decisión política para llegar al centro de la problemática. La gravedad de la situación radica en que las instituciones del Estado han demostrado a las víctimas y a los ciudadanos su debilidad para combatir y erradicar la misma. Deberán comprender todos los poderes del Estado que se debe actuar con celeridad, eficiencia y decisión, aún con los mismos integrantes de dichos poderes que faciliten, capten, transporten, trasladen o coaccionen con fines de explotación. Se debe tomar como una política de Estado que tenga como objetivo la prevención, protección y asistencia de las víctimas, y la sanción del delito de trata de personas. Hago mías las palabras de la "Red no a la trata": "Consideramos que lo que se necesita no es control y represión de las mujeres ni demás personas en estado de prostitución, sino políticas sociales y culturales que apunten a los clientes y a la toma de conciencia del daño que hacen, y políticas que erradiquen el hambre y la miseria, caldo de cultivo para todo tipo de mafias, entre las que la prostitución está sacando ventajas al tráfico de armas y la droga".

(*) Diputada provincial del ARI

Fuente: www.diariolacapital.com