El ARI Tucumán, a favor de la política de medio ambiente

Las fronteras geográficas no existen para la contaminación, sobre todo tratándose de cursos de agua. El fenómeno político genera divisiones que la naturaleza desconoce, el río es uno solo y de esa forma debe administrarse su uso. El derecho soberano de los estados que comparten una cuenca hidrográfica cede ante los principios de solidaridad y del uso equitativo del curso hídrico compartido.
La política de medio ambiente es clave para hacer efectiva una estrategia de desarrollo sustentable con equidad intergeneracional. Es necesario establecer nuevos marcos legales e institucionales que permitan articular los requerimientos del crecimiento económico, con la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental, garantizando canales efectivos de participación de los habitantes y las organizaciones no gubernamentales en las decisiones que afecten el ambiente, y un efectivo acceso a la información. Esto implica unificar y jerarquizar todas las instancias institucionales involucradas en el tema, de forma tal de facilitar el abordaje del problema desde una visión integral del medio ambiente. La contaminación y el deterioro de los cursos de agua es uno de los principales problemas ambientales que sufre la Provincia y el País. Su situación es consecuencia de cientos de años de abandono. Desde siempre ha prevalecido en nuestro país el concepto de que el agua tiene capacidad de diluir todo lo que recibe. Implícitamente en algunos ámbitos también ha primado la concepción de que la contaminación de los cursos de agua es una consecuencia inevitable del desarrollo. La cuenca Salí-Dulce es el paradigma de la contaminación y de la degradación que políticas equivocadas, públicas y privadas, han causado sobre muchos de los ríos y arroyos de nuestra Provincia. El estado de esta cuenca es un ejemplo de derroche de recursos naturales y falta de prevención. El cuidado del medio ambiente no es un hecho menor, su degradación afecta el uso y goce de la mayoría de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la propiedad, etc. El derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado es un atributo fundamental de las personas, importa un bien jurídicamente protegido, de raigambre constitucional. En función de lo normado por el artículo 41 de nuestra Carta Magna, es insoslayable el deber del Estado de preservarlo, a través de prestaciones positivas, con el objeto de propiciar un ambiente saludable, evitando que otros lo alteren o destruyan Las fronteras geográficas no existen para la contaminación, sobre todo tratándose de cursos de agua. El fenómeno político genera divisiones que la naturaleza desconoce, el río es uno solo y de esa forma debe administrarse su uso. El derecho soberano de los estados que comparten una cuenca hidrográfica cede ante los principios de solidaridad y del uso equitativo del curso hídrico compartido. Por otra parte y con carácter inmediato, proponemos la creación del Programa de Asistencia Médica Integral, que será coordinado por los Ministros de Salud de cada una de las jurisdicciones intervinientes y que determinará, a través de estudios epidemiológicos, que enfermedades se derivan de factores ambientales, el origen de las mismas y sus consecuencias, debiendo este programa garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos que correspondan a dicha problemática. Asimismo se le impone el desarrollo de estrategias de promoción y prevención de la salud y la elaboración de un registro y una base de datos. Con relación a la implementación de las líneas de acción aquí planteadas, se fijan plazos estrictos e improrrogables cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad penal de los funcionarios.

Concertación Arista.
ARI-Tucumán.-
Sandra Manzone.-