ARI Chubut

lunes, febrero 26, 2007

El ARI rechazó el intento de limitar la protesta

SEGURIDAD VIAL - BUENOS AIRES
El diputado Walter Martello aseguró que el gobierno bonaerense encontró en la modificación de la ley de Tránsito “un artilugio para silenciar la protesta social”, al tiempo que estimó “imposible” la aplicación del artículo que exigirá la contratación de seguros como paso previo a la realización de movilizaciones. “Muchas son espontáneas y entonces no habrá organizadores que respondan por ellas”, advirtió.
El diputado del ARI, Walter Martello, aseguró que el oficialismo “encontró en la modificación de la Ley de Tránsito un artilugio para silenciar la protesta social” en alusión a la iniciativa oficialista que regula las marchas, al tiempo que advirtió que esta iniciativa “intenta disfrazar y reprimir las manifestaciones legitimadas en la Constitución”.“Es un intento de disfrazar y de reprimir la protesta social pero encubriéndola dentro de la emergencia vial. Si tomamos en cuenta el reclamo de los vecinos de Brandsen, resulta obvio que si solicitan autorización para su justo reclamo no se lo van a otorgar”, aseguró Martello a Info Región, en tanto cuestionó esa medida porque “impide el ejercicio de un derecho constitucional que es el de manifestarse públicamente y peticionar ante las autoridades”.Como parte de la nueva Ley de Tránsito enviada a la Legislatura provincial, y en el marco de la emergencia vial decretada por el Ejecutivo durante el mes de enero, el gobierno bonaerense promueve mediante ese proyecto una serie de regulaciones a las protestas que vayan a desarrollarse en la vía pública. Entre ellas, la solicitud previa de un permiso a las autoridades competentes y la contratación de una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra eventuales daños derivados de esos actos.Martello sostuvo que “es imposible la aplicación del inciso que obliga contratar un seguro a los manifestantes. En varias oportunidades las marchas son espontáneas por lo cual es inviable este punto, dado que no hay organizadores que puedan responder”.Recordó que “con anterioridad a este proyecto de ley, se pretendió generar modificaciones para restringir las manifestaciones populares” aunque admitió que “nunca se había avanzado tanto como en esta oportunidad se pretende”.“La inclusión de la penalización de los manifestantes que no tengan sus permisos es absurda porque va en contra de la Constitución. Se está aprovechando una coyuntura para coartar un derecho de la sociedad. Los problemas de seguridad vial no tienen nada que ver con la limitación de la protesta social”, aseguró.


 
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