Los legisladores de ARI insistieron ante la Fiscalía de Estado sobre la ilegalidad del salariazo político

TIERRA DEL FUEGO

Los legisladores José Martínez y Manuel Raimbault volvieron a realizar hoy una presentación ante la Fiscalía de Estado solicitando el control de legalidad sobre la ley que duplicó el sueldo de los funcionarios públicos, durante una escandalosa sesión en diciembre de 2006. El organismo de control ya convalidó el texto de la norma en un dictamen anterior, pero los parlamentarios aducen que se incurrió en errores de interpretación y agregaron nuevos argumentos.

Los legisladores de ARI José Martínez y Manuel Raimbault volvieron a realizar hoy una presentación ante la Fiscalía de Estado de la Provincia solicitando el control de legalidad sobre la ley que duplicó el sueldo de los funcionarios públicos, durante una escandalosa sesión en diciembre de 2006. El organismo de control ya convalidó el texto de la norma en un dictamen anterior, pero los parlamentarios aducen que se incurrió en errores de interpretación y agregaron nuevos argumentos. Según Martínez y Raimbault, al expedirse sobre la ley 732, el "el error principal de la Fiscalía en el dictamen por el cual no se hizo lugar a la petición de control de legalidad, fue no respetar el texto de la norma". “Ni las dietas ni los sueldos pueden modificarse durante el período de mandato, salvo que la modificación sea dispuesta con carácter general para toda la administración pública y en todo caso, toda ley que aumente dietas no podrá entrar en vigencia sino después de una elección para legisladores”, declaró Martínez. Y agregó: “cuando la Constitución de la Provincia dice “la modificación sea dispuesta con carácter general”, está haciendo alusión a la modificación mediante la cual se incrementa la dieta o el sueldo de los funcionarios públicos, y esta modificación para sortear la prohibición allí estipulada, debe ser dispuesta con carácter general para toda la administración, ya que esto determina la imposibilidad de que se configure un indebido privilegio o un sueldo odioso y diferencial para los funcionarios políticos”. Los funcionarios le pidieron al fiscal Virgilio Martínez de Sucre que en el caso de que continúe con su criterio, "arbitre los medios necesarios para que el Estado cumpla con el pago del REPAS, que es el único aumento generalizado aprobado por la Legislatura y que, al día de la fecha, no se está cumpliendo".