Un gesto heroico del pueblo fueguino puede poner fin a 16 años de decadencia institucional

Cuatro gobiernos, del MPF, el PJ y la UCR, bastaron para sumergir a Tierra del Fuego en una decadencia institucional y moral comparable a los Estados asolados por años de caudillismo. Como una cruel paradoja, la progresista Constitución fueguina devino en el instrumento legal de los políticos que convirtieron a la provincia en todo lo que ese texto intentó evitar. Esta nota recorre la cadena de escándalos de los últimos 16 años y construye un trampolín para que el hartazgo de la sociedad, se convierta en un salto heroico hacia la democracia y la calidad institucional.

Por Silvio Bocchicchio

Apenas dieciséis años bastaron para convertir a la primavera institucional de Tierra del Fuego en una versión reducida de modelos de gestión anquilosados por los caudillismos.

Por obra de políticos sin escrúpulos, la progresista Constitución fueguina, vigente desde el 1 de junio de 1991, pasó a ser mudo testigo del avasallamiento del Poder Judicial, el vaciamiento de los órganos de control, el arraigo en el poder de grupos políticos con prácticas corruptas y clientelares, sin condena.

Cuatro gobernadores fueron elegidos desde la provincialización. El primero, José Estabillo, del MPF, recibió un Estado con un superávit de U$S 160 millones y fue reelegido en 1995, seis meses después de ordenar una represión a empleados metalúrgicos, que derivó en el asesinato de Víctor Choque, el primer manifestante muerto por una bala policial desde la recuperación democrática.

Estabilo inició la construcción del Puerto Caleta la Misión, licitado en $ 49 millones, que después de adjudicado pasó a costar $ 64 millones. Por un mal cálculo de materiales la obra quedó paralizada generando una deuda mensual de $ 800.000 por lucro cesante a favor de la UTE, resuelta por la gestión siguiente que no explicó las condiciones y luego calculó que se necesitaban “$ 300 millones” para finalizar la obra.

Cuatro años después, el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner buscó evitar un triunfo seguro del radicalismo sellando un acuerdo electoral entre Estabillo y su sucesor, el menemista Carlos Manfredotti. A la hora de asumir el mando, la Casa de Gobierno estaba cerrada, con los servicios esenciales, como el gas y el teléfono, cortados por falta de pago. Los sueldos de los estatales impagos y la deuda pública había trepado en ocho años de los $160 millones iniciales a un saldo en rojo de $ 600 millones, según estimó el Tribunal de Cuentas.

Al asumir Manfredotti, por obra y gracia del acuerdo parido por Kirchner, la gestión del MPF no fue investigada y empezó un proceso llamado “menemismo residual”, que convirtió todo en negocio de los funcionarios. Desde la salud pública hasta la copa de leche, de la vianda de los comedores escolares a las operaciones del puerto, del Banco estatal y la publicidad oficial fueron botín para el saqueo. Manfredotti jubiló en forma obligatoria y anticipada a los empleados públicos e incluyó en esa categoría a los jueces y funcionarios judiciales. El resultado fue el descabezamiento del Poder Judicial y la cobertura de cargos estratégicos con abogados amigos. Así llegó a presidir la Corte fueguina Ricardo Klass, ex Secretario de Justicia y abogado personal de Carlos Menem, quien renunció en 2006 para evitar una condena segura en un proceso de jury, en el Consejo de la Magistratura.

También llegó del Superior Tribunal de Justicia el ex funcionario de Canal 13 durante la dictadura, Mario Robbio; al juzgado penal accedió el ex secretario de instrucción del caso AMIA, Javier de Gamas Soler; y al juzgado laboral lo hizo el ex sindicalista del Congreso, Guillermo Penza, con la misión de “planchar” todo ataque a la ley 460 (la madre que parió a todas las injusticias, al decir de Arturo Jauretche). Manfredotti marcó un extraño récord: pese a rebajarse el sueldo por decreto a menos de $ 4000 para hacer más amigable el ajuste del 30 al 40 % que aplicó a los estatales, es el gobernador que más funcionarios de su entorno, incluido él, dejaron la gestión pública convertidos en dueños de hoteles o de tiendas que construyeron desde los cimientos en pleno centro de Ushuaia.

El espionaje a funcionarios y la “contabilidad paralela” del gasto público, y el “lavado de dinero” vía banco Tierra del Fuego, fueron sonadas causas judiciales durante la gestión manfredottista, denunciadas por legisladores de ARI. El ex mandatario justicialista había depositado la Coordinación de la Salud Pública y luego apadrinó en la lista de legisladores del PJ a Juan Lorenzo Barrionuevo, alias “Jeringa”, quien nunca pudo ocupar su banca porque terminó preso. Un sobreviviente de la ESMA lo acusó de ser enfermero en ese campo de concentración abocado a rehabilitar a los secuestrados para que puedan seguir siendo sometidos a tormentos. Pero el gobierno de Manfredotti quedó resguardado por la impunidad. Buena parte de la culpa la tuvieron sus sucesores, la fórmula del Frente de Unidad Provincial (FUP) integrada por el primer radical K, Jorge Colazo y su compañero de fórmula Hugo Cóccaro.

El gobierno del hombre que hoy conduce tres programas radiales en una FM de Río Grande fue tortuoso. Colazo no manejó su propia incapacidad ni diseñó una estrategia inteligente para neutralizar a la devoradora oposición legislativa que lo encorsetó desde el vamos. Colazo llegó a acusar a Cóccaro de planear un magnicidio “para quedarse con el gobierno”. La justicia desestimó la denuncia, pero al poco tiempo Cóccaro, aliado al bloque menemista de la Legislatura, destituyó a su ex compañero con un juicio político, en diciembre de 2005. Tras el peor escándalo institucional de la historia fueguina, Cóccaro llegó a la cima del poder y gobierna hasta estos días. Ahora, es candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, en los comicios más escandalosos que registre la corta vida institucional de la provincia. Para muestra bastan tres hechos. La denuncia del diputado Daniel Gallo contra el apoderado del partido ABC, con el que armó un Frente, por haberle exigido $ 300.000 para inscribir su candidatura a gobernador el día que expiraba el plazo legal para hacerlo. Gallo quedó afuera de las elecciones y ABC dijo que se bajó "por orden de Casa Rosada para no restarle votos a Cóccaro" y porque "no le daban los números".

El video que mostró a un concejal cercano al intendente Jorge Garramuño (MPF) cobrando una coima de $ 18.000 a una coopeativa. El cierre de esta cadena de escándalos fue la difusión de un audio con la diputada K, Rosana Bertone acusando a Cóccaro, su compañero de fórmula, de “mandar a matar gente”. El autor de la grabación sufrió un curioso accidente de tránsito en la ruta 3 y hoy se debate entre la vida y la muerte. Las mafias que detentan el poder en Tierra del Fuego, embanderados en el PJ, el MPF y la UCR, abrieron un sendero espinoso y sin retorno, por el que transita la política local. El agravante es que sus prácticas corruptas, autoritarias y amorales tomaron como un cáncer a todas las instituciones republicanas de la provincia yya afecta a sectores heterogéneos de la sociedad.

Asqueados de tanta decadencia, los electores demostraron el domingo pasado que sus reflejos morales gozan de buena salud y se lanzaron masivamente a las urnas a recuperar la Legislatura para la democracia. El próximo domingo el pueblo fueguino tiene la posibilidad de dar una nueva lección de ciudadanía, dándole un voto de confianza a un grupo de ciudadanos honrados, valientes y comprometidos con el bien público, organizados en un partido llamado ARI.

Pero deberá ser un voto activo y participativo, con vocación transformadora, con el que podamos escribir un nuevo y heroico capítulo en la historia de la Patagonia, que servirá de ejemplo para el resto de los argentinos y para los pueblos hermanos de Latinoamérica.

Fuente: Botella al Mar