De un comodorense entre los lagos
Por Guillermo Bonaparte.
Sobre su participación en la Audiencia Pública que se realizó ayer en Sarmiento para debatir sobre la conveniencia o no de la construcción del Dique Los Monos.
En todo el norte de la provincia de Santa Cruz se declaró la emergencia sanitaria.
La justicia, en base a los peritajes realizados en Japón y la Universidad de La Plata, realizados a los pobladores de Kouel Kaike determinó que los habitantes sufrían una contaminación mortal.
Todo apuntaba a la explotación petrolera, pero era necesario realizar una serie de perforaciones para demostrar que la contaminación de las napas de agua aumentaba con la proximidad a los pozos petroleros. Hacían falta U$S 300.000 que en aquella época eran $300.000 para realizar esa comprobación.
Ni el Estado Nacional, ni los estados provinciales ni las municipalidades quisieron averiguar quién causaba la contaminación.
De acuerdo al artículo 69 de la Ley de Hidrocarburos 17.319, si la contaminación obedecía a una culpa o negligencia del permisionario o concesionario, éste deberá responder por los daños causados al Estado o a terceros.
Si se demostrara que las empresas petroleras son las responsables de la contaminación de las napas acuíferas, serían ellas quienes debieran hacerse cargo de abastecer de agua potable al norte de Santa Cruz.
Entendemos que si fuera la obligación de las empresas, no construirían un dique de $2.000 millones de pesos, que además los deje expuestos a futuras demandas por daño ambiental.
Entendemos que las empresas petroleras extraerían el agua del Lago San Martín, con un mínimo costo y una mínima incidencia ambiental.
El Estado Argentino sigue haciéndose cargo del daño que provocan quienes más ganancias netas han hecho en nuestra historia empresarial, ya que ganan más del doble de lo que dice ganará nuestra provincia.
La mentada transparencia, con que el gobierno vende este proyecto, no es más que un ojo de buey por donde nos obligan a mirar lo que ellos quieren que miremos.
Sobre su participación en la Audiencia Pública que se realizó ayer en Sarmiento para debatir sobre la conveniencia o no de la construcción del Dique Los Monos.
En todo el norte de la provincia de Santa Cruz se declaró la emergencia sanitaria.
La justicia, en base a los peritajes realizados en Japón y la Universidad de La Plata, realizados a los pobladores de Kouel Kaike determinó que los habitantes sufrían una contaminación mortal.
Todo apuntaba a la explotación petrolera, pero era necesario realizar una serie de perforaciones para demostrar que la contaminación de las napas de agua aumentaba con la proximidad a los pozos petroleros. Hacían falta U$S 300.000 que en aquella época eran $300.000 para realizar esa comprobación.
Ni el Estado Nacional, ni los estados provinciales ni las municipalidades quisieron averiguar quién causaba la contaminación.
De acuerdo al artículo 69 de la Ley de Hidrocarburos 17.319, si la contaminación obedecía a una culpa o negligencia del permisionario o concesionario, éste deberá responder por los daños causados al Estado o a terceros.
Si se demostrara que las empresas petroleras son las responsables de la contaminación de las napas acuíferas, serían ellas quienes debieran hacerse cargo de abastecer de agua potable al norte de Santa Cruz.
Entendemos que si fuera la obligación de las empresas, no construirían un dique de $2.000 millones de pesos, que además los deje expuestos a futuras demandas por daño ambiental.
Entendemos que las empresas petroleras extraerían el agua del Lago San Martín, con un mínimo costo y una mínima incidencia ambiental.
El Estado Argentino sigue haciéndose cargo del daño que provocan quienes más ganancias netas han hecho en nuestra historia empresarial, ya que ganan más del doble de lo que dice ganará nuestra provincia.
La mentada transparencia, con que el gobierno vende este proyecto, no es más que un ojo de buey por donde nos obligan a mirar lo que ellos quieren que miremos.
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