El dinero y la política

La relación entre el dinero y la política es uno de los problemas más serios que enfrentan las democracias modernas. Detrás de este vínculo suelen esconderse situaciones de tráfico de influencias e intercambio de favores. El flujo de dinero suele desequilibrar la competencia política favoreciendo a algunos en desmedro de otros, violando un principio básico: la garantía de la igualdad de oportunidades en la competencia.Las reformas a la ley 25.600 de financiamiento de los partidos políticos, sancionada en junio de 2002 al ritmo de cacerolazos y del "que se vayan todos", fue tratada en Diputados con algunos cambios. Luego, el Senado concluyó 2006 aprobando sobre tablas y casi sin debate las reformas a dicha ley, dando otro paso atrás en la tan promocionada reforma política.La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, emitió un dictamen consensuado que establecía la responsabilidad directa de los encargados políticos y económicos de los partidos en el control y seguimiento de los gastos y donaciones de campaña surgidas de empresas, agencias de publicidad o particulares. Esta modificación se incluyó como consecuencia del fallo de la jueza María Servini de Cubría, que en noviembre pasado evitó sancionar al Frente para la Victoria, de Néstor Kirchner, y del Frente para la Lealtad, de Carlos Menem, por gastar mucho más de lo autorizado por la ley, en la campaña presidencial de 2003. En ese fallo, la jueza consideró que los gastos hechos por consultoras, agencias de publicidad, imprentas y otras empresas vinculadas a esas agrupaciones eran desconocidos por los responsables de campaña.Según el nuevo marco jurídico, ahora los partidos políticos verán incrementados en un 50% el tope para sus gastos de campaña, ya que se establece un aumento de 1 a 1,5 pesos por elector y la unificación de las cuentas bancarias. Antes, cada partido debía abrir una cuenta especial para la campaña y mantener por separado su cuenta de gastos corrientes. Ahora se aumenta del 1% al 2% del total el tope de aportes de personas físicas, y mantiene el aporte empresarial total al 1 por ciento.El diputado Carlos Raimundi del ARI-Buenos Aires había denunciado que 13 empresas y bancos bonaerenses beneficiados con la adjudicación de obras públicas aportaron en efectivo a la campaña de la senadora Cristina Kirchner. Pareciera que el ámbito político no es favorable a los cambios y debates cuando se trata de defender sus irritantes privilegios.