En la Provincia todavía están vigentes 16 leyes y decretos de emergencia
NORMAS ESPECIALES - BUENOS AIRES
Permitieron al gobierno provincial enfrentar situaciones complejas en diferentes áreas de la administración pública. Lo habilitaron a utilizar mecanismos abreviados de contratación, a crear tributos excepcionales y a exceptuar del pago de impuestos a algunos grupos de contribuyentes.
La difícil situación económica y social que vivió el país entre 1998 y bien entrado el siglo XXI, así como fenómenos climáticos y situaciones contingentes, llevaron al gobierno provincial a declarar las emergencias administrativa, económica, financiera, hídrica, edilicia, vial, entre otras. Esas declaraciones permitieron adjudicar obras de manera directa, renegociar contratos, despedir personal, pagar en patacones y apelar a otras formas de proceder propias de un estado de emergencia. Un informe del diputado del ARI Walter Martello sugiere que, por lo menos de forma parcial, siguen vigentes en la Provincia 16 leyes o decretos de emergencia y uno más se encuentra en trámite en la Legislatura. Las leyes y decretos abarcan diversas áreas de influencia del Estado, como la seguridad, el tránsito, la pesca y la obra pública. ¿Se justifica mantener tantas áreas en una situación jurídica anormal? El diputado Nicolás Dalesio, oficialista y presidente de la comisión de Presupuesto, opina que en muchos aspectos la Provincia continúa en una situación de crisis, y que la normalización debe darse de forma gradual, como está sucediendo por ejemplo con la emergencia económica declarada por Carlos Ruckauf en junio de 2001. Sobre esa ley, Martello indicó que su vigencia plena caducó el 27 de julio de 2003, pero luego fue prorrogada por un año por el decreto 1.465. “Sin embargo, sus efectos no terminaron entonces, sino que en algunos aspectos mantienen esa vigencia, ya que en la actualidad existen normas que la modifican”. Ahí van algunos ejemplos: nEl artículo 25 de la ley 13.154 prorrogó hasta fines de 2004 la suspensión de toda equiparación automática de salarios, por ejemplo la ley de enganche de los judiciales. nAl año siguiente, se prorrogaron tributos de emergencia en diferentes actividades económicas. nLuego, en los sucesivos presupuestos provinciales, se mantuvieron algunos aspectos administrativos de la emergencia, por ejemplo la prohibición de incorporar personal a la planta permanente del Estado salvo en las áreas exceptuadas en esa norma, como salud, seguridad y educación. Capítulo aparte merecen las emergencias vinculadas con la seguridad, prorrogadas por decreto a falta de trámite legislativo. En este universo, el caso más curioso es el de la de las Policías, que fue prorrogada por tiempo indeterminado el 27 de septiembre de 2006. Otro caso especial es el vinculado con la erosión de recursos naturales por acción humana o por fenómenos climáticos: permitieron contar con las leyes hídrica, agropecuaria, costera y pesquera. También fueron declaradas otras emergencias, como la habitacional, vial o carretera, que sirvieron para tomar decisiones rápidas para afrontar coyunturas difíciles. Por ejemplo, luego de declarar la emergencia vial, el Gobernador anunció la compra, por parte de la Provincia y sin licitación, de los radares que servirán para controlar la velocidad a la que circulan los vehículos por las rutas provinciales.
La difícil situación económica y social que vivió el país entre 1998 y bien entrado el siglo XXI, así como fenómenos climáticos y situaciones contingentes, llevaron al gobierno provincial a declarar las emergencias administrativa, económica, financiera, hídrica, edilicia, vial, entre otras. Esas declaraciones permitieron adjudicar obras de manera directa, renegociar contratos, despedir personal, pagar en patacones y apelar a otras formas de proceder propias de un estado de emergencia. Un informe del diputado del ARI Walter Martello sugiere que, por lo menos de forma parcial, siguen vigentes en la Provincia 16 leyes o decretos de emergencia y uno más se encuentra en trámite en la Legislatura. Las leyes y decretos abarcan diversas áreas de influencia del Estado, como la seguridad, el tránsito, la pesca y la obra pública. ¿Se justifica mantener tantas áreas en una situación jurídica anormal? El diputado Nicolás Dalesio, oficialista y presidente de la comisión de Presupuesto, opina que en muchos aspectos la Provincia continúa en una situación de crisis, y que la normalización debe darse de forma gradual, como está sucediendo por ejemplo con la emergencia económica declarada por Carlos Ruckauf en junio de 2001. Sobre esa ley, Martello indicó que su vigencia plena caducó el 27 de julio de 2003, pero luego fue prorrogada por un año por el decreto 1.465. “Sin embargo, sus efectos no terminaron entonces, sino que en algunos aspectos mantienen esa vigencia, ya que en la actualidad existen normas que la modifican”. Ahí van algunos ejemplos: nEl artículo 25 de la ley 13.154 prorrogó hasta fines de 2004 la suspensión de toda equiparación automática de salarios, por ejemplo la ley de enganche de los judiciales. nAl año siguiente, se prorrogaron tributos de emergencia en diferentes actividades económicas. nLuego, en los sucesivos presupuestos provinciales, se mantuvieron algunos aspectos administrativos de la emergencia, por ejemplo la prohibición de incorporar personal a la planta permanente del Estado salvo en las áreas exceptuadas en esa norma, como salud, seguridad y educación. Capítulo aparte merecen las emergencias vinculadas con la seguridad, prorrogadas por decreto a falta de trámite legislativo. En este universo, el caso más curioso es el de la de las Policías, que fue prorrogada por tiempo indeterminado el 27 de septiembre de 2006. Otro caso especial es el vinculado con la erosión de recursos naturales por acción humana o por fenómenos climáticos: permitieron contar con las leyes hídrica, agropecuaria, costera y pesquera. También fueron declaradas otras emergencias, como la habitacional, vial o carretera, que sirvieron para tomar decisiones rápidas para afrontar coyunturas difíciles. Por ejemplo, luego de declarar la emergencia vial, el Gobernador anunció la compra, por parte de la Provincia y sin licitación, de los radares que servirán para controlar la velocidad a la que circulan los vehículos por las rutas provinciales.
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