El caso Skanska, según el denunciante Adrián Pérez, del ARI: “El gobierno quiere tapar la corrupción”

El diputado nacional señaló su preocupación por las maniobras del Ejecutivo para acorralar al juez que investiga el caso de corrupción.

El tema de los Greco (el intento de pago de 600 millones a un grupo económico mendocino) y el caso Skanska ( la sospecha de coimas a una empresa sueca por la construcción de un Gasoducto en el norte del país ), inquietan al gobierno. Pero la diferencia es que el último comenzó a galopar sobre indicios firmes de sospecha de corrupción.
El juicio político que promueve el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al magistrado Javier López Biscayart, por pedirle que trasladen a un lugar de detención más seguro al único preso del caso, Adrián López, no tiene asidero según la visión del legislador arista, sino una sola lectura:"quieren correr al juez del expediente".
López es el titular de Infiniti, una de las empresas sospechadas de haber emitido facturas truchas para permitir el pago del sobreprecio del megaemprendimiento en el que participó la empresa Techint, articulado todo desde el ministerio de Planificación de Julio De Vido.
El juez Biscayart ya allanó varias oficinas de los actores implicados e inclusive el ministerio encargado de la obra pública. Su hipótesis es que se habrían pagado coimas por el orden de los 17 millones de pesos .
Además, la revista "Noticias" en su último número publicó memos internos de Skanska , que demuestran la violación del código ético en la que incurrió la sucursal de la empresa sueca en nuestro país y por el cual se produjo una retirada de Skanska de la operación.
Adrián Pérez dijo a "Río Negro" que espera que se proteja al detenido arrepentido, que en su declaración involucró a De Vido en el pago las comisiones, ya que espera "que no le ocurra una muerte misteriosa" como a Cattáneo en el caso IBM-Banco Nación , escándalo de los 90, en el que el involucrado citado apareció ahorcado.
- ¿Cómo se define el caso Skanska?
- Es una empresa Sueca, a la que se le adjudicó un rol en el emprendimiento del gasoducto norte, y comienza a realizar pagos a funcionarios públicos a través de empresas fantasmas. La propia empresa reconoce haber violado el código de ética interno, haciendo pagos con facturas truchas, para luego afirmar que se retiraban de la obra pública por falta de garantías.
- ¿A cuánto asciende el pago de las coimas?
- Eso se sigue investigando. La obra se hizo por un monto mucho mayor al previsto originalmente , casi el triple. El Enargas, como ente de control, no puso reparos. En obra pública con este gobierno hay ciertas cosas que se repiten como la cartelización, y los sobreprecios. Esta es la única causa que avanza con fuerza.
- ¿Cómo evalúa el testimonio del detenido Adrián López?
- Es muy importante porque admite que se trata de una maniobra del gobierno, aunque no involucra directamente a nadie, dice que de las comisiones se ocupaba el ministerio a cargo de De Vido. Sucede ahora que resta resolver una cuestión de competencia judicial, para ver si queda en manos de Biscayart o pasa al fuero federal.
- ¿Le preocupa la movida del ministro Aníbal Fernández?
- Esta claro que quieren presionar al juez con una mecánica de apriete.Ya lo advertimos, que el gobierno con la nueva composición del Consejo de la Magistratura, logró plantar un organismo para chantajear jueces.
- ¿Lo mismo ocurre con las críticas al Tribunal de Casación, que podría intervenir en este tema?
- Sí, con algunas diferencias. Efectivamente este Tribunal esta interviniendo en algunos planteos de la causa y podría definir la suerte final del caso, pero existe una coincidencia de presiones y razones para también coincidir con que Casación viene demorando los juicios de lesa humanidad. Por supuesto que las formas de presentar el tema por parte del Presidente no nos parecen adecuadas.
- ¿Corre riesgo la vida de López?
- Eso lo indicó el propio imputado, por lo que le pidió el juez al ministro Fernández el traslado del detenido, que luego deriva en un enjuiciamiento político al magistrado. Esto demuestra la preocupación del gobierno por este escándalo, dispuestos a hacer cualquier cosa, por lo cual vamos a pedir el juicio político al ministro de Interior, Aníbal Fernández.

HORACIO CARIDE