Una nueva policía
SIETE AÑOS, UNA VÍCTIMA
Entre la ineficiencia y la ilegalidad.
A propósito de la causa Alcaidía y el régimen policial en Chubut.
La absolución por vencimiento de plazos procesales de los dos Comisarios involucrados en el presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber permitido, por acción u omisión, la salida sin autorización de internos alojados en la Alcaidía de Trelew durante el año 2000, ratificó el desenvolvimiento arbitrario del sistema administrativo de la policía provincial.
Al abuso que ejerce el poder político sobre los suboficiales enviándolos a tareas para las cuales no han sido capacitados, como es el caso de quienes se desempeñan en las Alcaidías, el sistema se encargó con sus ardides de garantizar que la Justicia siquiera pudiera determinar en un juicio justo la inocencia o la culpabilidad implicados en el presunto delito. Sin embargo sí sus engranajes burocráticos actuaron rápida y eficazmente puertas adentro de la institución policial.
Ese silencioso y oscuro revés de trama desconocido para la mayoría de la sociedad y soportado diariamente por los integrantes de las fuerzas de seguridad, durante los siete años transcurridos desde el inicio de la causa se cobró una única víctima: El suboficial SOTO.
Mientras se desconoce por qué los sumarios administrativos internos relacionados con la causa no trabaron el ascenso de los comisarios, permitiéndoles hoy ostentar jerarquías muy superiores a la que poseían en su momento, sí se sabe cuál ha sido el destino de ellos aplicados al suboficial citado.
Sospechado por el cuerpo de la Jefatura de la Policía de ser quien brindó la información que derivó en la denuncia efectuada pro el ex Subjefe de la Policía, Crio. Gral. Claudio Rojas, el suboficial Soto fue perseguido y acosado institucionalmente hasta lograr su separación de la fuerza policial provocando la destrucción de su vida personal y familiar. Todo por haber actuado, como máximo, como la ley se lo exige: no ser cómplice de un delito.
En ese contexto, las grandes noticias del gobierno sobre los cambios en las políticas de seguridad pública nada dicen sobre el régimen legal dentro del cual se desempeña la policía, específicamente sobre la Ley 1.561, de características absolutamente autoritarias y de una total obsolescencia conceptual para enfrentar los desafíos de la formación del personal para el siglo XXI, y que, adicionalmente, permite estos abusos de poder.
Es tiempo de que se deje de ahogar al personal policial con régimen administrativo de origen militar, de explotarlos forzándolos a realizar "adicionales" para garantizar un ingreso salarial acorde a las necesidades básicas y de destruir sus vidas obligándolos a cumplir funciones para las cuales no recibieron formación alguna
Es tiempo de dejar de hacer de reformas de maquillaje escenografías progresistas y de demagogia con las recomposiciones salariales cuando éstas son a costa de la disminución porcentual del presupuesto asignado a la capacitación policial. El ARI ya probó que en los últimos cuatro años el presupuesto total afectado disminuyó un 0,40%, y dentro de éste un 13,52% el destinado a los restantes servicios de la fuerza.
Una vez en el gobierno y desde la Legislatura, el ARI iniciará una profunda revisión y reforma de la Leyes de Personal y de Servicios Adicionales, así como de los Reglamentos de Funcionamiento de Comisarías, Unidades Regionales y Cambio de Destino. Propondremos, entre otros cambios, el Escalafón único, un período de formación de tres años y un modo de designación de la cúpula policial por concurso. Asimismo, terminaremos con Escuelas de formación sin cultura para la democracia en su interior.
Una concepción profunda de seguridad pública es mucho más que la falsa antinomia entre sociedad y Poder Judicial, así como la decimonónica asociación de seguridad con orden.
Es por ello que, sin cambiar esa lógica, el gobierno podrá incorporar más policías, pero la inseguridad persistirá.
Por Carmelo Sebastián Militello, candidato a diputado provincial.
ARI Chubut
Entre la ineficiencia y la ilegalidad.
A propósito de la causa Alcaidía y el régimen policial en Chubut.
La absolución por vencimiento de plazos procesales de los dos Comisarios involucrados en el presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber permitido, por acción u omisión, la salida sin autorización de internos alojados en la Alcaidía de Trelew durante el año 2000, ratificó el desenvolvimiento arbitrario del sistema administrativo de la policía provincial.
Al abuso que ejerce el poder político sobre los suboficiales enviándolos a tareas para las cuales no han sido capacitados, como es el caso de quienes se desempeñan en las Alcaidías, el sistema se encargó con sus ardides de garantizar que la Justicia siquiera pudiera determinar en un juicio justo la inocencia o la culpabilidad implicados en el presunto delito. Sin embargo sí sus engranajes burocráticos actuaron rápida y eficazmente puertas adentro de la institución policial.
Ese silencioso y oscuro revés de trama desconocido para la mayoría de la sociedad y soportado diariamente por los integrantes de las fuerzas de seguridad, durante los siete años transcurridos desde el inicio de la causa se cobró una única víctima: El suboficial SOTO.
Mientras se desconoce por qué los sumarios administrativos internos relacionados con la causa no trabaron el ascenso de los comisarios, permitiéndoles hoy ostentar jerarquías muy superiores a la que poseían en su momento, sí se sabe cuál ha sido el destino de ellos aplicados al suboficial citado.
Sospechado por el cuerpo de la Jefatura de la Policía de ser quien brindó la información que derivó en la denuncia efectuada pro el ex Subjefe de la Policía, Crio. Gral. Claudio Rojas, el suboficial Soto fue perseguido y acosado institucionalmente hasta lograr su separación de la fuerza policial provocando la destrucción de su vida personal y familiar. Todo por haber actuado, como máximo, como la ley se lo exige: no ser cómplice de un delito.
En ese contexto, las grandes noticias del gobierno sobre los cambios en las políticas de seguridad pública nada dicen sobre el régimen legal dentro del cual se desempeña la policía, específicamente sobre la Ley 1.561, de características absolutamente autoritarias y de una total obsolescencia conceptual para enfrentar los desafíos de la formación del personal para el siglo XXI, y que, adicionalmente, permite estos abusos de poder.
Es tiempo de que se deje de ahogar al personal policial con régimen administrativo de origen militar, de explotarlos forzándolos a realizar "adicionales" para garantizar un ingreso salarial acorde a las necesidades básicas y de destruir sus vidas obligándolos a cumplir funciones para las cuales no recibieron formación alguna
Es tiempo de dejar de hacer de reformas de maquillaje escenografías progresistas y de demagogia con las recomposiciones salariales cuando éstas son a costa de la disminución porcentual del presupuesto asignado a la capacitación policial. El ARI ya probó que en los últimos cuatro años el presupuesto total afectado disminuyó un 0,40%, y dentro de éste un 13,52% el destinado a los restantes servicios de la fuerza.
Una vez en el gobierno y desde la Legislatura, el ARI iniciará una profunda revisión y reforma de la Leyes de Personal y de Servicios Adicionales, así como de los Reglamentos de Funcionamiento de Comisarías, Unidades Regionales y Cambio de Destino. Propondremos, entre otros cambios, el Escalafón único, un período de formación de tres años y un modo de designación de la cúpula policial por concurso. Asimismo, terminaremos con Escuelas de formación sin cultura para la democracia en su interior.
Una concepción profunda de seguridad pública es mucho más que la falsa antinomia entre sociedad y Poder Judicial, así como la decimonónica asociación de seguridad con orden.
Es por ello que, sin cambiar esa lógica, el gobierno podrá incorporar más policías, pero la inseguridad persistirá.
Por Carmelo Sebastián Militello, candidato a diputado provincial.
ARI Chubut
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