Las buenas intenciones de Carrió

La diputada nacional y candidata a presidenta de la Nación por el ARI, Elisa Carrió, rindió cuentas de su trabajo legislativo. Presentó 53 proyectos de ley desde que asumió.
“Al margen de la voluntad política del oficialismo de no considerar los proyectos de ley presentados por la oposición y en particular los del ARI, nosotros cumplimos con lo prometido en la campaña electoral de presentar leyes reclamadas por la sociedad”. La frase fue pronunciada por Elisa “Lilita” Carrió, y resume el pensamiento generalizado de los legisladores de la oposición, en el sentido de las escasas posibilidades que tienen de ser sancionadas sus iniciativas. Inclusive, más de uno confesó que le admitieron, en la intimidad de los despachos oficiales, que “era bueno el proyecto, pero no va a salir porque no le podemos regalar a la oposición ese tema”.Por supuesto que no hay testigos de ese diálogo. A lo sumo las iniciativas de los nombres y apellidos de quienes lo protagonizaron, pero que si uno rastrea y pregunta sobre las razones de porqué no sancionaron tal ley, la respuesta no se ajusta a la realidad. Suena a un eufemismo para salir del paso.Carrió, asumió el 10 de diciembre de 2005, lo que marcó su regreso a la banca en la Cámara baja, no ya como chaqueña sino como ciudadana porteña.Con destino específico Entre las leyes presentadas por Carrió está la que crea el Fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez (Fincini), cuyo única finalidad será atender al financiamiento del Ingreso Ciudadano para la Niñez, la Atención Prenatal y de las Personas con Discapacidad, al beneficio por maternidad y a los beneficios por nacimientos y Adopción.El Fincini establece una asignación monetaria, que se abonará mensualmente, y a la que tiene derecho la totalidad de los niños y niñas, nativos o por opción, hasta 18 años de edad, que acrediten residencia en el país; las mujeres embarazadas que acrediten cinco años de residencia inmediata en el país; y las personas con discapacidad argentinas, nativas o por opción que acrediten la existencia de la discapacidad.También impulsa la reducción de la alícuota del IVA prevista del 21 al 18%, con el objetivo de reducir la carga de este impuesto de carácter regresivo que afecta en mayor proporción de los ingresos de hogares de menores recursos. “Esta decisión va en línea con la necesidad de rediseñar el sistema tributario hacia formas contributivas con mayor equidad”, destaca Carrió.En materia de impuesto a las ganancias, la diputada arista promueve la derogación de las exenciones contempladas en el art. 20, cuya vigencia implica un tratamiento privilegiado para algunas fuentes de rentas, vulnerando así un principio básico de la tributación, como lo es la equidad horizontal, según una definición de Carrió. La modificación está pergeñada de la siguiente manera: “Todas las ganancias obtenidas por los magistrados y funcionarios judiciales y del ministerio público, tanto nacionales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidas las retribuciones que lograron, por todo concepto, por sus respectivas funciones, quedan sujetas al gravamen que establece la ley de impuesto a las ganancias”.Cuidemos el medioOtro de los temas considerados entre los proyectos presentados está el relacionado con el medio ambiente. Una de las iniciativas es impulsar una modificación al Código Penal, por el cual se incorpora al primer párrafo del art. 200 el verbo contaminar como acción punible, al igual que las ya previstas “envenenar y adulterar”. Por otra parte, pidió la declaración por el término de cinco años de la emergencia ambiental en el ámbito de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo y en el artículo segundo de esa ley que dice: “El Poder Ejecutivo, en un plazo improrrogable de 30 días de promulgada la presente, promoverá la elaboración de un Tratado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.Con el objetivo de defender la tierra de la extranjerización, junto a la diputada Susana García, presentó una ley de Restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Una acción que se completa con la creación del Registro Nacional de Productores Agropecuarios y Propietarios de Inmuebles Rurales.