Deudores del riego presa de especuladores

Viedma
La legisladora provincial del ARI, Magdalena Odarda, exigió al titular del Departamento Provincial de Aguas, la solución de la situación de los productores que sufren el corte total del agua en sus chacras. “La situación se agrava -destacó - porque las familias que allí viven, consumen el agua de esos mismos predios, por lo que se les está negando un derecho humano universal irrenunciable”.
Casos dramáticos
“Mientras le entregamos el uso y usufructo del agua pública a Benetton a cambio de unas monedas, a modo de ejemplo, en Allen se ha cortado el riego desde hace 5 meses a una familia compuesta por madre e hija de 76 y 52 años respectivamente, a quien un galpón de empaque le debe la suma aproximada de 70 mil pesos por sus cosechas”, denunció la legisladora. “En Villa Regina, una chacra de un anciano de 84 años con una enfermedad terminal, que cobra una jubilación que ronda los 550 pesos, se encuentra con el agua cortada desde el año 2002, dándose la paradoja de que a él se le adeudan el valor de cinco cosechas que no ha podido cobrar jamás”, agregó.
Según fue publicado en Fruticultura Sur y citado por Odarda, “deudores del canon a quienes se les corta el agua, son inmediatamente presa de especuladores. A (Mateo) Petrucich le cortaron el agua, y un día después comenzaron a aparecer los compradores de su chacra, buitres que sabían perfectamente que allí vivían un par de ancianos enfermos y desesperados por evitar un remate, compradores que invariablemente ofrecieron pagarle por su tierra un precio vil...” (ver nota)
Víctimas, no morosos.
Para la legisladora “no se trata de defender a quienes no pagan porque no quieren, sino a las familias de nuestro Alto Valle que han sufrido los efectos de una política económica que los llevó al endeudamiento con la banca oficial o privada, a no poder insertarse en el sistema productivo actual que exige cada vez mas adelantos tecnológicos e insumos que no pueden solventar, con precio de la producción que lejos está de cubrir los costos, entre otras razones propia de la edad y estado de salud de los miembros de las familias que viven en sus chacras o dependen de ellas para vivir. Allí es donde tiene que estar el Estado para permitir que nuestros productores puedan conservar la tierra, producir y vivir de ella dignamente”.
La ley que frena los remates no se cumple
Lo notables, es “que a pesar de existir una ley provincial que suspende los remates de chacras de pequeños emprendimientos familiares, se han publicado edictos de subasta, existiendo denuncias realizadas por movimientos sociales sobre remates que ya se han llevado a cabo a pesar de la vigencia de esta ley de protección. Yo me pregunto entonces, ¿Cuál es la política de defensa de la producción del Gobierno Nacional y provincial?, ¿Cómo se permite que ocurran estas injusticias? ¿Dónde está el ente de control que no evita este despropósito? ¿Por qué se permite el fenómeno silencioso de expulsión de las familias chacareras del campo a las ciudades, cuando esa tierra les pertenece por derecho, por haber sido trabajada por sus abuelos y sus padres? ¿Cuántos productores son los que deben acudir a la justicia desesperados por la falta de agua que determina la pérdida de la producción y el daño irreversible en las plantaciones?”
Justicia ciega
Durante la feria judicial, varias familias del alto valle, presentaron sendas acciones de amparo “por el respeto al derecho al agua potable, por el derecho a la producción, habiendo recibido como respuesta el rechazo a sus reclamos por razones formales por parte de una Justicia que a veces es ciega ante la angustia de los ciudadanos”.
La legisladora dijo que exigirá a las autoridades provinciales la evaluación de los casos denunciados y también por todos los contemplados en el censo social llevado adelante por el Movimiento de Mujeres en Lucha (ver aparte) junto a organismos oficiales. También adelantó que visitará a los productores afectados.